El diputado de Compromís Fran Ferri ha denunciado hoy que tanto el gobierno central como la Generalitat Valenciana están dejando sin ayudas a la subsidiación hipotecaria a 4.021 valencianos que ya las tenían concedidas en contra del criterio de sentencias judiciales y de la Defensora del Pueblo.
La subsidiación hipotecaria son las cantidades abonadas mensualmente por la administración pública a las entidades financieras, como parte del pago de intereses de los préstamos destinados a financiar la compra de viviendas de protección oficial. Estas ayudas de carácter estatal, pero gestionadas por la administración autonómica, fueron anuladas por decreto por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012.
En septiembre de 2013, la Defensora del Pueblo pidió a las administraciones que hicieran efectivo el pago de las ayudas contempladas en los Planes de Vivienda anteriores al Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, entre las que se encuentra la subsidiación, atendiendo a la interpretación literal del artículo 35 del Real Decreto Ley 20/2012. Esta recomendación contradecía el gobierno central quien, con anterioridad había comunicado a las CCAA que este decreto anulaba también las ayudas contempladas en planes estatales precedentes.
Ese mismo mes de septiembre de 2013 el Juzgado Contencioso-Administrativo de Castellón dictaba la primera sentencia contraria a la supresión de la subsidiación. El afectado denunció que había recibido notificación de la Generalitat inadmitiendo a trámite la petición de renovación de subsidiación, basándose en un decreto de recortes del gobierno central. Frente a la postura de la Generalidad, la Justicia reconocía con esa sentencia que esas ayudas a la subsidiación hipotecaria son “un derecho ya reconocido”.
Con esta sentencia, contra la que no cabía recurso, la Generalitat ha tenido que pagar al afectado, no sólo las mensualidades aún no pagadas, sino también los intereses de demora y las costas del juicio. A la vez que debía restablecer el pago de mensualidades.
El diputado Ferri registró el pasado mes de enero una pregunta parlamentaria dirigida al Consejo para saber si, atendiendo a lo que decía la justicia y recomendaba la Defensora del Pueblo habían cambiado el criterio sobre el pago de la subsidiación y habían revisado los expedientes denegados de estas ayudas. En su respuesta la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Boing, asegura que el “el Ministerio de Fomento no ha comunicado a la Generalitat un nuevo criterio interpretativo siguiendo la recomendación de la Defensora del Pueblo”.