Compromís ha iniciado una ofensiva parlamentaria en las Cortes Valencianas y también en el Congreso de los Diputados para plantar cara a la cruzada contra el valenciano del PP, tanto por parte de la conselleria como del ministerio, que pretende acabar con las líneas en valenciano y con el enseñamiento en nuestra lengua.
El último ataque al enseñamiento en valenciano, el conocido ayer en el colegio Pare Català de la ciudad de Valencia, “es un hecho muy condenable y demuestra la gran intolerancia, el espíritu antivalenciano y también el talante ilegal, anticonstitucional y antiestatuario de las medidas que ha tomado el gobierno valenciano del PP”, según el diputado responsable en materia cultural y lingüística de Compromís, Josep Maria Pañella.
Según Pañella, “no es de cordura ni democrático que por voluntad de 2 padres se impóngase imponga el castellano a 71 padres que quieren el valenciano como lengua principal en la educación de sus hijos e hijas. Siempre que pasa un caso de estos, el gran perjudicado es el valenciano y echamos de menos y mucho ahora a esos defensores de las señas de identidad que dicen ser al PP, porque lo que ha hecho la conselleria es un gran ataque contra nuestra identidad y desacredita por completo a los populares”.
Por eso, desde el grupo parlamentario de Compromís a las Corts Valencianes se pidió que el parlamento autonómico, “tome las medidas adecuadas para garantizar el enseñamiento en valenciano, más aún cuando es una gran mayoría de familias las que quieren escolarizar a sus hijos e hijas en nuestra lengua y la Generalitat no lo garantiza”, según ha declarado Pañella.
También, el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha llevado la persecución del valenciano en la cámara baja y ha registrado una proposición no de ley para exigir al gobierno central que, de la misma forma que se hará con el castellano con la LOMCE, “el estado garantice y se haga cargo de los gastos de escolarización de aquellos alumnos que quieran estudiar en valenciano y que no puedan hacerlo en los centros públicos que les corresponden”.
Según Baldoví, “si el gobierno central decide poner en funcionamiento un procedimiento, mediante el cual los padres pueden reclamar los costes del enseñamiento por no poder acceder a la escolarización en castellano, resulta evidente que el mismo trato tiene que darse a aquellos que quieren hacer sus estudios en otra lengua oficial, como lo es el valenciano en los casos que la administración educativa no lo pueda garantizar”.
“Muchas familias valencianas han sufrido una grave discriminación en las últimas décadas y han tenido que ir a centros privados y concertados con tal que sus hijos e hijas puedan estudiar en valenciano. De hecho, unas familias afectadas ya han hecho una reclamación indemnizatoria para que se compensen los gastos del enseñamiento concertado en valencia. Las sentencias acreditan la discriminación lingüística y el perjuicio educativo y económico que sufren las familias valencianas que, en el ejercicio legítimo de su derecho piden que sus hijos e hijas sean escolarizados en nuestra lengua oficial. El hecho de que el gobierno central no valore esa discriminación declarada supone una doble condena a esas familias”, según Baldoví.
Por su parte, la regidora de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Consol Castillo, ha informado que registrará preguntas para saber si desde la regidoría del cap i casal “se han hecho gestiones o no para garantizar el enseñamiento en valenciano y para evitar hechos como el que le ha pasado al Pare Català, que en nuestra opinión es un claro retroceso en la normalización de nuestra lengua y también es un retroceso en libertades y derechos de la ciudadanía, porque se está atacando y desprotegiendo a la gran mayoría de padres y madres que han optado por la educación en la lengua propia de nuestra tierra”.