La diputada de Compromís Mireia Mollà ha lamentado que “el Consell no haya explicado los argumentos por los que se tendría que otorgar la figura de Actuación Territorial Estratégica (ATE) a la implantación de Ikea y un macrocentro comercial en la ciudad de Alicante, una decisión que, como el mismo Gobierno valenciano afirma, tiene que estar justificado por su interés general, pero sobre la que no tenemos ninguna explicación”.
Mollà ha realizado estas declaraciones después de la pregunta oral que ha realizado en el pleno la consejera de Infraestructuras, Medio Ambiente y Territorio, Isabel Bonig, sobre las razones para conceder esta actuación territorial estratégica.
En este sentido, la diputada de Compromís ha señalado que “la misma consejera ha indicado que para otorgar el ATE hace falta que la actividad tenga un carácter estratégico, que el emplazamiento sea el adecuado y que el proyecto cuente con solvencia financiera; sin embargo nos encontramos con que el Ministerio de Fomento cuestiona la idoneidad de los accesos, que el modelo de centros comerciales ha quebrado en Alicante y que la urbanización de esta zona podría tener determinadas consecuencias urbanísticas y medioambientales”.
Por tanto, Mireia Mollà ha apuntado que “el Consell no ha sido capaz de explicarnos los beneficios teóricos que comportaría para la ciudadanía alicantina y del resto de la comarca el otorgamiento del ATE, pues Bonig ha mencionado muchos informes, pero no ha dado cuentas del contenido de ninguno de ellos”.
Además, la consejera no ha indicado si se han estudiado las consecuencias que tendrá la implantación de este macrocentro comercial sobre el pequeño y mediano comercio y sobre el sector del mueble, o cuáles serán las afecciones a las Llacunes de Rabassa”, ha destacado.
La diputada de Compromís ha añadido que “especialmente, Bonig ha evitado contestarnos sobre las implicaciones del empresario Enrique Ortiz en este proceso, sobre quién será el adjudicatario de la parcela, sobre las reuniones previas de Ortiz y Castedo con los representantes de la multinacional y sobre todo, se ha negado a contestar sobre si fue Ikea quien pidió instalarse en Rabassa o fue el Ayuntamiento quien quería que el centro comercial se instalara en esta zona para favorecer los intereses urbanísticos del empresario”.
En definitiva, Mireia Mollà ha resaltado que “desgraciadamente la respuesta de hoy del Consell no ha servido más que para constatar la opacidad de esta tramitación y para que sigamos sin saber qué implicaciones tienen los intereses de Ortiz en la tramitación del proyecto”.